Se
cumplen tres semanas de manifestaciones en Venezuela a pesar de la
creciente represión gubernamental para disolverlas. Han asesinado a más
de 10 manifestantes y herido a más de 130. Se han expulsado periodistas
extranjeros y cerrado canales de televisión en un afán por ocultar los
crímenes que el presidente venezolano ha ordenado para detener a todo un
pueblo que quiere sacudirse la opresión a la que está sometida desde
hace 16 años. Bien sabe Nicolás Maduro, un sindicalista del transporte
con una mediana preparación académica cuyo único mérito es el de ser
protegido de los Castro y del finado Hugo Chávez, no precisamente por su
capacidad intelectual sino por su incondicional obediencia, que su
gobierno podría caer y que tendría que responder ante la ley por sus
crímenes.
El 11 de abril de año 2002, el
levantamiento popular contra los abusos continuos del presidente Hugo
Chávez contó con el apoyo del Alto Mando Militar y ejecutaron un golpe
de estado, pero la presión internacional fue tanta que el 14 de abril
fue liberado y retomó la presidencia. Algunos organismos internacionales
como la OEA y el Centro Carter recomendaron que ambas partes negociaran
y es así como todo el año 2003 se preparó un referendo revocatorio
contemplado en la recién aprobada constitución de 1999. Por tecnicismos
dicho referendo no se pudo realizar sino hasta el 15 de agosto del 2004.
El Consejo Nacional Electoral, controlado por el presidente Chávez,
declaró que el resultado oficial era de un 40.6% a favor de la
revocación del mandato presidencial contra un 59.1% que lo ratificaba.
Días después el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Tascón, publicó
por internet la lista de los firmantes para convocar al referendo
revocatorio, esta lista fue utilizada para reprimir a los signatarios y
despedirlos de sus empleos.
Después del frustrado golpe del 2002,
Chávez comenzó a rodearse sólo de personas leales a él, sin importar su
preparación académica, consolidando una de las oclocracias más violentas
del continente. La “lista tascón” sirvió para exponer y expulsar a
aquellos ciudadanos que no simpatizaban con su política, y le fue fácil
encontrar reemplazo entre personas que por hambre se volvieron
incondicionales, porque el desempleo en Venezuela ya era enorme como
consecuencia de su política económica dirigida a destruir la empresa
privada para concentrar todo el poder económico en sus manos. Controló
todos los poderes del estado, el Consejo Nacional Electoral, la policía y
el ejército, y creó grupos paramilitares que han servido para hacer
frente a las manifestaciones pacíficas que organiza el pueblo, con la
ventaja que ellos sí portan armas y son los encargados de infundir
terror para reprimir, con sus armas, cualquier manifestación que vaya en
contra del gobierno.
Por eso es iluso pensar que en Venezuela
se puede negociar una solución pacífica entre el gobierno y el pueblo.
Lo único que se puede negociar es la salida pacífica de Nicolás Maduro y
todos los altos funcionarios que conforman ese gobierno. No hay peor
necio que aquel que negocia con un necio, así como no hay peor ciego que
aquel que no quiere ver.
