La comunidad internacional desde hace
muchas décadas ha reconocido el importante papel que juegan las y los
defensores de derechos humanos en las sociedades. En 1998 la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración
sobre los defensores de los derechos humanos.
La Declaración partiendo de reconocer
que la promoción y defensa de los derechos humanos es un derecho y a su
vez un deber de los individuos, los grupos y las instituciones indica
que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y
procurar la protección y realización de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.
En ese sentido la comunidad
internacional estableció que toda persona tiene derecho, individual o
colectivamente, en el plano nacional e internacional: a) a reunirse o
manifestarse pacíficamente; b) a formar organizaciones, asociaciones o
grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en
ellos; c) a comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales.
El contenido de esta Declaración en
buena parte está recogido en el artículo 132 de la Constitución que
establece como una obligación ciudadana promover y defender los derechos
humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz
social.
De tal manera que es deber del gobierno y
de las instituciones del Estado facilitar a todas las personas que
cumplan su labor de defender los derechos humanos. Pero
desafortunadamente el gobierno y algunos funcionarios y funcionarias de
otras instituciones se han empeñado en obstaculizar el trabajo que hacen
organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos en
Venezuela. Progresivamente en los últimos años se ha ido implantando una
política de Estado de criminalizar a las organizaciones, no solo
descalificando su labor sino iniciando procedimientos penales.
Antes que comenzara el proceso político
que se autodenomina revolución bolivariana las organizaciones de
derechos humanos eran descalificadas con el señalamiento que defendían a
subversivos y delincuentes. Desde 1999 se les descalifica acusándolas
de ser financiadas por el imperialismo y ser parte de planes
conspirativos. En definitiva, el Poder siempre ha enfrentado este tipo
de organizaciones
Por esencia los y las defensoras de
derechos humanos son críticas a los gobiernos de turno cuando se
producen violaciones a los derechos humanos. Los son en Colombia como en
Argentina, en Brasil como en Panamá, en Cuba como en Estado Unidos y lo
somos por supuesto en Venezuela.
La lucha por los derechos humanos en
buena parte es una lucha contra el abuso de poder. Es una lucha por la
defensa de derechos individuales y colectivos frente a las amenazas o
violaciones. Es también un esfuerzo por proponer políticas públicas para
que mejore la situación ahí donde existen déficit o se fortalezcan
políticas que se vienen aplicando con resultados positivos. Por eso los y
las defensoras siempre apostamos al diálogo con las instancias del
Estado como oportunidad para presentar propuestas.
Pero además realizamos una actividad que
es fundamental: acompañamos a las víctimas de violaciones de sus
derechos en sus anhelos de justicia. Un acompañamiento que no está
precedido de evaluar las opiniones políticas o ideológicas de quienes
sufren los abusos del poder. Con ellas nos resteamos. Les prestamos
asesorías diversas y emprendemos el difícil proceso de buscar justicia
en instancias administrativas y judiciales.
Cuando se obstaculiza el trabajo de las
organizaciones de derechos humanos se afectan directamente a las
víctimas principalmente las más pobres, siempre más vulnerables. Se
afecta también a la democracia y al ambiente de convivencia pacífica que
debe prevalecer en el país.
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