ÁLEX VÁSQUEZ
Los motivos de las impugnaciones son dos: irregularidades en el
procedimiento de postulaciones judiciales y ausencia de información
sobre las aptitudes de los aspirantes a magistrados para detentar el
cargo.
Entre las irregularidades del procedimiento destacan el fraude
constitucional, pues los juristas consideran que la verdadera intención
del Parlamento no es cumplir el mandato de la carta magna para designar
magistrados, sino “cubrir esos cargos –algunos no vencidos– con
ciudadanos que tienen vínculos partidistas con el Poder Ejecutivo”.
Los abogados, entre los que se encuentran Román Duque Corredor, Jorge
Rosell, Pedro Rondón Haaz, René Molina, Ramón Escovar, Blanca Rosa
Mármol de León, Rodrigo Rivera, Enrique Moreno y Flor Zambrano, destacan
otros vicios: que cuando se inició el proceso no existían vacantes en
el TSJ y que al iniciarse la convocatoria no se informó la lista de esos
puestos.
También afirmaron que la convocatoria es extemporánea, pues la Ley
Orgánica del TSJ señala que el trámite de preselección no puede ser
mayor a 30 días que ya vencieron, por lo que, afirman, queda sin efecto
el proceso.
Los abogados rechazan que en la lista de postulados, que se publicó
de forma tardía, no se aclare cuántos y cuáles son los cargos que serán
reemplazados lo que “viola el principio de publicidad del proceso”.
René Molina, ex inspector general de tribunales, explicó que el 24 de
diciembre vence el lapso de impugnación de aspirantes a magistrados,
razón por la cual el grupo de juristas decidió hacer sus observaciones
para que se tomen los correctivos necesarios. “Vamos a impugnarlos a
todos; queremos que se demuestre si los postulantes reúnen las
condiciones que exige la Constitución”, indicó.
Molina aclaró que si el lapso de impugnación vence el 24 de
diciembre, luego debe iniciar la apertura del intervalo de pruebas y de
descargo, que no debe ser menor a ocho días, y después comienza un lapso
para examinar los expedientes de cada uno. “Hablamos de un proceso que
se extenderá hasta después del 15 de enero. No hay posibilidad de que
nombren a los magistrados el 23 de diciembre. Tienen que acatar y los
magistrados tienen que ser aprobados por la nueva Asamblea”, advirtió.
Uno a uno
Los juristas afirman que los postulados no cumplen, o no pueden
demostrarlos, los requisitos que exige la Constitución para detentar el
cargo de magistrado, como la buena reputación, pues no se ha mostrado
ninguna documentación que así lo compruebe.
Aseguran que tampoco se ha podido demostrar si han ejercido la
abogacía durante un mínimo de 15 años, si tienen un título universitario
con posgrado en materia jurídica, o si han sido profesores
universitarios en Ciencias Jurídicas durante un mínimo de 15 años, con
categoría de titular.
Advierten que tampoco se demuestra, como exige la Constitución, que
hayan sido juez superior con un mínimo de 15 años en ejercicio.
“Solicitamos que se proceda a la apertura de una articulación
probatoria, con el objeto de que el postulado acredite los requisitos
señalados”, pide el documento.
TSJ contra la Asamblea
El ex magistrado Jorge Rosell afirmó que el proceso de postulaciones
de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia debe repetirse, porque
la independencia judicial es la base del sistema democrático y un TSJ
seleccionado a discreción por la bancada del oficialismo en la actual
Asamblea Nacional solamente buscaría bloquear las decisiones del nuevo
Parlamento.
“El Ejecutivo podría alegar razones de inconstitucionalidad de
ciertas leyes para que sean revisadas por la Sala Constitucional y así
se daría un bloqueo absoluto de las facultades del Parlamento”,
advirtió.
La ex magistrada Blanca Rosa Mármol de León aseguró que el
oficialismo no solo atropella la Constitución al pretender designar de
forma violenta a 13 magistrados, sino al instalar un “Parlamento
Comunal” que busca usurpar funciones y que, aseguró, no está en la carta
magna. “Eso no está en la Constitución y, por ende, apenas la nueva
Asamblea tome posesión se puede dejar sin efecto”, afirmó.
El Colegio de Abogados de Carabobo también impugnará el procedimiento
de designación de magistrados. El abogado Enrique Romero dijo que el
proceso está “absolutamente viciado”, pues la AN aprovechó la misma
convocatoria que hizo a finales de 2014 para continuarla este año.
“Deben ser dos distintas”, aclaró.
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